Reforma a la horma
René Delios
El poder presidencial y el incumplimiento del Pacto Federal al tener un trato discriminatorio hacia las entidades federativas y municipios han conducido a México a un absolutismo cercano a la tiranía.
El país sufre dichas consecuencias gracias a la concentración de facultades y atribuciones del poder presidencial y al incumplimiento del Pacto Federal.
El análisis para la reforma política nos alerta sobre el impacto de la reforma del presidente Felipe Calderón en estados y municipios y muestra un posicionamiento de vanguardia, nacionalista y revolucionario imbuido de reflexiones filosóficas alusivas al imperio de la ley por encima de las fuerzas armadas, a la fuerza del federalismo que permite una distribución de competencias en los ámbitos federal y local, dando al primero los poderes para su actuación y un respeto a la soberanía de los segundos en su esfera de acción, limitando facultades metaconstitucionales contrarias al pacto o régimen federal.
Así sucede.
El orden jurídico no debe subordinarse al capricho de los depositarios temporales del poder público y por ello la teoría clásica de la división del poder, producto del pensamiento de Montesquieu, y subsiste en nuestro sistema jurídico constitucional y las instituciones públicas emanadas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el cúmulo de facultades y atribuciones que les reserva la Constitución, por lo que tienen sus titulares la obligación de velar por su plena vigencia al margen de contiendas políticas, ideológicas o partidarias.
Hoy las condiciones de pobreza y marginación en que viven más de 50 millones de mexicanos obligan, a quienes participan en el gobierno, a orientar el rumbo de esta nación combatiendo el uso autoritario del poder público, la acumulación de la riqueza en unas cuantas manos y tal como lo impone el capítulo económico de la Constitución Mexicana de 1917, a garantizar la productividad y competitividad, aun con su inserción en la globalidad y modernidad, respetando los derechos de propiedad particular, la regulación de los mercados desde el gobierno, la creación de los empleos con salarios decorosos y reparto de utilidades satisfaciendo el derecho a la vivienda de los trabajadores y promoviendo su capacitación con seguridad social y acceso a la educación para sus familias.
Si queremos evitar el desbordamiento de las pasiones y despertar al México bronco es necesario el imponernos el deber de cumplir con la Constitución, combatiendo los monopolios que atentan contra la libre competencia y velar por el respeto a los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios públicos.
Y es que el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917 obliga a retomar las banderas ideológicas de la Revolución mexicana por parte de nuestra clase política, banderas convertidas en programas sociales interrumpidos en este México generoso tan lleno de contrastes y desigualdades por el mal ejercicio del poder público de gobernantes inescrupulosos, corruptos y perversos.
