En México nos hemos acostumbrado a entender la política como un mal menor.
    Lastres como la corrupción, la improvisación, la dejadez y la indiferencia hacia la sociedad se han hecho comunes en momentos en los que la democracia pareciera ser el objetivo único, y por ella debieran dejarse de lado todas las características anómalas de la “red pública” entendida como el bien público de todos.
    Por ello es que las agrupaciones nacientes –que pecan de olvido- también aplican el mismo esquema que los viejos partidos en su favor.
    Estos evaden su responsabilidad de hacer parte de la información pública sus documentos y quehaceres, “considerando” que por el “mínimo” presupuesto con el que cuenta, no deben dar cuenta de ello a la sociedad o en el mejor de los casos, ni siquiera deben contar con una oficina para la información pública.
    Casos semejantes se han resuelto de la misma forma en el pasado: el magistrado sentencia que las características que presumiblemente las definen como “pequeñas o mínimas” agrupaciones, no las eximen de su responsabilidad con la ley.
    Y menos aún con las que las relacionan con la información pública.
    Todos deben rendir cuentas: a un ciudadano que evade al fisco, lo sancionan.
    ¿Porqué a los partidos no?
    Cada peso debe ser fiscalizado, más ahora en que la delincuencia organizada esta por todos lados.
    Sobre este particular en la entidad no se ha pronunciado nadie: ni partidos, ni legisladores, ni organizaciones.
    Pero ya lo hizo el IFE y la cosa es muy seria, como para ignorarla.