Expreso Chiapas

Mario Enrique Carbonell
Y es que ayer amanecimos con la muy buena noticia en cuanto a que muy pronto -tal vez este mismo fin de semana-, trasladarán a Michoacán a los ex funcionarios presos del gobierno michoacano, víctimas del “Michoacanazo” asestado a la administración del Maestro Leonel Godoy Rangel el 28 de mayo del año pasado. Así mismo que  el proceso se seguirá en un Juzgado local.
Toda vez que se logró que un juez federal ordenara su traslado a una prisión de mediana seguridad ubicada en territorio michoacano; y afortunadamente en la propia capital del estado, Morelia, como lo puntualizó el propio mandatario Purépecha, quien declaró que: “Ya se va por el camino correcto para recuperar el estado de derecho”.
Y es en relación del respeto “Al Estado de Derecho” - tan manoseado en ocasiones con fines aviesos y perversos por otros actores políticos-, que el gobernador del estado aprecia y valora el término y significado jurídico, en lo que realmente ello simboliza; ya que sentenció recientemente: “Mi formación es como abogado, además penalista, por eso veo cosas que otros gobernantes no ven”.
Y es en tal virtud que el Jefe del Ejecutivo Estatal está observando escrupulosa y cuidadosamente dicho proceso, interpretando fielmente el significado del término “Justicia”, como: “La cualidad o virtud de proceder o juzgar respetando la verdad y de poner en práctica el derecho que asiste a toda persona a que se respeten sus derechos, que le sea reconocido lo que le corresponde o las consecuencias de su comportamiento”.
Luego entonces, nos queda claro que se está demostrando y aplicando, con las medidas recién adoptadas, los principios elementales de justicia. Es decir, interpretar el concepto de impartición de justicia, como: Aplicar el derecho, la razón y la equidad” Y es en este sentido que se reconoce entonces, que los detenidos no poseen un perfil de peligrosidad, aunado a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Así como calificar como un acto de justicia la decisión federal de trasladar a los 27 ex funcionarios michoacanos detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Pero además, el mandatario michoacano deja perfectamente despejado, desde la iniciación de la misma redada, que para eliminar cualquier viso de sospecha o favoritismo, imparcialidad o intervencionismo, declara: “Reitero lo que dije desde un principio, los que sean culpables que sean castigados severamente, y los que no, que sean exonerados públicamente, porque en este país no se puede juzgar anticipadamente sin que las personas no tengan un juicio justo, y entonces sí, aquel que resulte responsable después de que presente sus pruebas de defensa, y que el juez valore las que presentó el Ministerio Público y decida el juez los que son responsables para ser castigados severamente conforme a la ley, y los que sean inocentes, pues que se les ofrezca disculpas públicamente”.
Seguramente que la anterior medida de entera “Justicia”, en favor de los compañeros y paisanos nuestros, habrá de contribuir para procurarse una impartición de justicia más pronta, expedita y humanitaria. Esto además del beneplácito, y buen ánimo que ya trajo consigo tan esperada noticia (Anunciada en la Jornada Michoacán del 27 de dic. del 2009), tanto a familiares, amigos, compañeros, y todos aquellos quienes deseamos tenerlos cerca, a fin de que se facilite estar con ellos para brindarles solidaridad, respeto y ánimo de lucha. Independientemente que abonará recursos profesionales a sus abogados defensores; obviamente por la cercanía y facilidad para la defensa de los acusados, entre otros beneficios.
Enhorabuena por el avance conseguido, por la bondadosa y correcta medida, porque además de lo antes referido, porque habrán de quedar atrás amargas y tristes experiencias que tuvieron que padecer en detrimento de la dignidad de las personas. Vivencias vergonzosas de las que penosamente fui testigo en mi visita al Penal de Tepic, en solidaridad de nuestros compañeros; que me dio la oportunidad, para que a su vez, pudiera denunciar los agravios que sufrieron en carne propia, al permanecer ingratamente en un penal de máxima peligrosidad, presos por más de seis meses en condiciones verdaderamente inhumanas.
Es de reconocer entonces, el trabajo meritorio y las gestiones que han venido desarrollando el Congreso Federal, el Local, como los abogados defensores, pero sin olvidar y registrar asimismo las actitudes y pronunciamientos llevados a cabo por los propios familiares y amigos; así como de los ciudadanos michoacanos miembros activos de la opinión publica. Por parte también de algunos medios de información y periodistas independientes y respetables, que nos hemos manifestado en forma congruente y autónoma, no sin correr ciertos riesgos, apuros y preocupaciones. Como de la gente común y corriente, las personas de la calle que también han opinado, y de quienes deberíamos valorar mas sus puntos de vista. Ya que lamentablemente, a veces son los que menos son tomados en cuenta, pero que insisto, son importantes, por ser las opiniones más sinceras y descontaminadas políticamente.
Y finalmente, hago la anterior reflexión en función de la acertada decisión que se tomo para la liberación de la indígena otomí queretana, Jacinta Francisco Marcial, quien fue puesta en libertad justamente, gracias entre otras acciones legales, a la presión que ejercieron: las ONGs, y la opinión publica, conscientes de las injusticias que se cometen en contra de la gente más desamparada. Y sobretodo por abusos de poder, pues ya la habían sentenciado a 21 años de prisión, por presuntos delitos tan absurdos como estúpidos, como haber secuestrado presuntamente a un puñado de agentes policíaco-judiciales. Y a propósito de ese injusto caso de impartición de justicia, no debemos olvidar que aun siguen presas dos mujeres más, en espera de su merecida libertad.