Expreso Chiapas

Contempla altos estándares de protección a los Derechos Humanos de la población desplazada
Ángeles Mariscal/Sandra de los Santos  l El pleno del Congreso del Estado de Chiapas aprobó este martes la iniciativa de “Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas”, con lo que se busca garantizar la protección de los derechos humanos de unas seis mil familias desplazados por conflictos religiosos, el conflicto armado, fenómenos naturales y otros factores.

Los diputados aprobaron la iniciativa que por segunda ocasión en menos de un año propuso el gobernador Juan Sabines  Guerrero, la primera de abril del 2011 fue retirada tan pronto como fue filtrada y se hizo pública pues no contaba con la aportación de los grupos no gubernamentales que trabajan con los desplazados en Chiapas.
Los diputados aprobaron la citada iniciativa y para ello estuvieron presentes funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que trabajan en Chiapas. En el acto, los miembros de ese organismo internacional se congratularon por la aprobación de la referida iniciativa.
Miembros del llamado Programa Conjunto por una Cultura de Paz (PCCP) de la ONU se congratularon por la aprobación de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.
Dieron a conocer que esta iniciativa “contempla los más altos estándares de protección a los derechos humanos de la población desplazada y tiene como propósito establecer las bases para prevenir el desplazamiento interno y crear un marco jurídico que resguarde los derechos de las personas que por causas diversas se ven obligadas a dejar su lugar de residencia habitual, además de garantizar su atención durante el desplazamiento y facilitar la acción estatal para la búsqueda de soluciones duraderas para su situación”.
Agregaron en una misiva que hicieron pública que es una ley de espíritu incluyente al proteger sin ningún tipo de discriminación a toda persona en situación de desplazamiento interno, independientemente de su raza, etnia, religión, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social.
“La iniciativa se considera innovadora en tanto es la primera ley en México que define lo que se considera una persona desplazada interna estableciendo un amplio marco para la protección de sus derechos, sobre la base de los Principios Rectores de los Desplazados Internos de Naciones Unidas, siendo además la primera ley de este tipo en el mundo promulgada a nivel subnacional”, dijeron los funcionarios.
De acuerdo al documento aprobado hoy, la Ley entrará en vigor tras su publicación en el diario oficial en los próximos 60 días.
Se dijo que para su elaboración se contó con la asesoría y el apoyo técnico de las agencias de Naciones Unidas que tienen presencia en el estado de Chiapas a través del Programa conjunto por una Cultura de Paz (PNUD, UNESCO, UNICEF y UNODC) y de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Asimismo, contó con la participación de un grupo de trabajo constituido por representantes de grupos de desplazados internos del estado de Chiapas, miembros de la sociedad civil organizada e instituciones académicas, entre las cuales se encuentran el Instituto Mora, el CIESAS y la UAM-Azcapotzalco, entre otras.
Se dijo también acá que el estado de Chiapas se une a legislaciones nacionales vanguardistas y únicas en el continente americano hasta el momento, como las de Colombia y Perú.
Marcos Arana Cedeño, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán quien trabaja con grupos desplazados sugirió hoy al terminar la sesión del Congreso del estado que la Ley debe ser traducida a otras lenguas indígenas.
El también director del Centro de Capacitación en Psicología y Salud Pública, un organismo no gubernamental con sede en San Cristóbal de Las Casas, dijo hoy que ojalá esto sirva como modelo y que a nivel nacional se logre legislar en materia de desplazados internos, pues “se ha estimado que en el país existen de 350 a 400 mil desplazados sobre todo en el norte del país por la violencia que se vive tras la guerra contra el crimen organizado”.
De los desplazados internos en Chiapas, la mayoría de ellos fueron orillados a abandonar sus comunidades después del movimiento de 1994, aún no han alcanzado soluciones duraderas a su condición y continúan viviendo en situaciones de vulnerabilidad señala el informe del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, que fue realizado en noviembre del 2011 y publicado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En la página oficial de la ACNUR en México se puede consultar el informe llamado “Desplazamiento interno debido a la violencia criminal y comunal”. En el texto se documentan los casos de desplazamiento en diferentes estados de la república y se hace un análisis del desplazamiento interno en el país.
De acuerdo al informe existen varias situaciones de desplazamiento interno en México, una de ellas es la causada desde el 2007 por la violencia en los carteles de la droga y la respuesta militar del gobierno. Ello ha causado desplazamiento en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León,Durango, Guerrero, Sinaloa y Michoacán.
Aunque el informe pone énfasis en el desplazamiento por la violencia del narcotráfico, señala que la situación más prolongada de desplazamiento en el país está en Chiapas y fue a causa del movimiento zapatista de 1994.
“Las comunidades indígenas que apoyan al movimiento Zapatista han continuado siendo desplazadas y en ocasiones han causado desplazamiento, y las últimas estimaciones sugieren que entre 9 mil y 24 mil desplazados internos siguen en situación de desplazamiento prolongado” se dice en el informe de manera textual.
En Chiapas y en los estados vecinos de Oaxaca y Guerrero, el desplazamiento también ha sido causado por tensiones de carácter religioso dentro de las comunidades indígenas se manifiesta en el documento.
En el documento se dice expresamente que las comunidades indígenas en Chiapas que apoyan al movimiento Zapatista han seguido siendo objeto de amenazas o ataques por parte de comunidades vecinas afiliadas con algunos de los partidos políticos en México, incluidos el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno documenta de que en septiembre de 2010, familias zapatistas en la comunidad de San Marcos Avilés,en el municipio de Chilón, fueron desplazadas durante más de un mes. En junio de 2011, los mismos grupos renovaron sus amenazas contra las familias.
En 2010, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que 6 mil familias, o unas 24 mil personas, aún seguían viviendo en situación de desplazamiento; la mayoría eran pueblos indígenas que perdieron sus tierras después de su desplazamiento, y vivían en condiciones precarias en zonas urbanas o en comunidades sin tierra.